El fiscal general Juan Pablo Fernández salió a responder públicamente a las críticas de la CGT local, que había cuestionado su accionar en el marco de la investigación por los incidentes ocurridos en el Bahía Blanca Plaza Shopping y la detención de un integrante del Sindicato de Empleados de Comercio. Lo hizo a través de una serie de publicaciones en la red social X, donde defendió su intervención y justificó sus declaraciones públicas.
“En verdad, ¿hay quien necesita una explicación de por qué me expresé públicamente en el caso de los hechos violentos en el BBP Shopping y no en el caso del Sr. Ramiro Villalba?”, planteó Fernández en uno de sus posteos, y agregó: “¿Se necesita explicar o se necesita aprender?”.
El titular del Ministerio Público sostuvo que su exposición mediática respondió a la necesidad de marcar un límite frente a hechos que, según indicó, podían interpretarse como conductas tolerables. “La violenta manifestación sindical en el BBPS frente a la pasividad policial, transmitida en simultáneo por las cámaras del periodismo a la población, daba a entender que esos eran modelos de comportamiento sindical de protesta legítimos o tolerables”, afirmó.
En esa línea, remarcó que “la señal que se enviaba a la sociedad era que las normas del Código Penal no regían esas acciones”, por lo que consideró necesario “expresar públicamente la reafirmación de las normas del Código Penal” ante requerimientos periodísticos.
Fernández también respondió a los cuestionamientos sobre una supuesta selectividad en sus declaraciones. “No se trata de que un delito merezca repudio y otro no. El solo hecho de ser delito, tenga rasgos mafiosos o no, lo merece”, señaló, y explicó que cuando los hechos son protagonizados por dirigentes sindicales y tienen alta visibilidad pública, “ameritan la expresión pública sobre su valor normativo”.
Las declaraciones del fiscal se dieron luego del comunicado difundido por la CGT, que fue leído por el dirigente camionero y concejal Roberto Arcángel. Allí, la central obrera cuestionó el accionar judicial y advirtió que “la fiscalía no está para dar señales políticas a los sindicatos o ejercer con parcialidad subjetiva”.
El documento sindical incluyó una autocrítica por los hechos de violencia, aunque los contextualizó en un conflicto previo. “Ningún hecho de violencia es justificable”, señalaron, pero al mismo tiempo indicaron que “los compañeros respondieron a las provocaciones” y defendieron su accionar en ese marco.
Además, desde la CGT apuntaron contra lo que consideran prácticas empresariales indebidas, al sostener que “no son aceptables hechos de violencia tales como la coacción, bajo amenaza de despido, para no respetar un feriado o impedir salir de un edificio”.
En el tramo más crítico del comunicado, cuestionaron la actuación del Ministerio Público Fiscal al considerar que fue “desproporcionada” y que la exposición mediática del caso y “las interpretaciones tendenciosas” generan dudas sobre su accionar.
También reclamaron que la causa avance con imparcialidad. “Solicitamos que el proceso se lleve a cabo con objetividad y en búsqueda de una aplicación justa de la ley”, expresaron, al tiempo que remarcaron que las “señales políticas” deben provenir de dirigentes elegidos por el voto.
Pese a las diferencias, la central obrera señaló que revisará sus propios procedimientos. “Recogemos el guante en cuanto a la necesidad de ajustar nuestros protocolos de actuación”, indicaron, aunque dejaron en claro que “no vamos a aceptar mansamente que se estigmatice nuestro rol”.
El cruce entre el fiscal general y la CGT se da en un contexto de alta tensión tras los incidentes en el centro comercial, un hecho que reavivó el debate sobre los límites de la protesta sindical, el rol de la Justicia y el alcance de las intervenciones públicas de sus autoridades.
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