Un nuevo informe de la organización Derechos Digitales advierte que la verificación de edad en internet puede afectar la privacidad y la libertad de expresión de chicos y adultos. El estudio, que relevó leyes y proyectos de 11 países de América Latina, aparece justo cuando en la Argentina varias iniciativas presentadas en Diputados plantean controles de edad para abrir o mantener cuentas en Instagram, TikTok y otras redes, una de ellas a partir del cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Estas iniciativas buscan proteger a los chicos del acoso, el abuso y otros riesgos de internet, algo que múltiples organizaciones vienen reclamando. Pero aplicar un límite de edad puede exigir que todos los usuarios, incluidos los adultos, entreguen información personal para acceder a un servicio, incluso con la presentación de un documento, teniendo que mostrar el rostro o validando la identidad ante el Estado.

Uno de los problemas para la privacidad es que si esos datos se conservan o se cruzan con otros registros, podrían permitir reconstruir qué plataformas usa cada usuario, además de que pueden quedar expuestos en una filtración de datos, algo que sucedió en reiteradas oportunidades durante los últimos años (con el Renaper, incluso, filtrando datos de todos los argentinos).

“Cuando comprobar la edad se convierte en una condición de acceso a entornos digitales, cambia la forma en que funciona internet para todas las personas. Para distinguir quién cumple el requisito de edad, el servicio también tiene que comprobar la edad de las personas adultas”, le dijo a Clarín Marina Meira, coordinadora de Políticas Públicas de Derechos Digitales y autora del informe, que tomó casos que corresponden al período que va de junio de 2024 a septiembre de 2026.

Las propuestas argentinas contemplan distintos alcances para esos controles, con una que prevé que la plataforma reciba únicamente una confirmación de edad y otra que propone vincular cada cuenta con una identidad verificada en el registro de las personas.

Y el reclamo no es sólo a Gobiernos: Derechos Digitales también plantea obligaciones para las empresas sobre el diseño de sus servicios, la cantidad de datos que recolectan y las protecciones que ofrecen a los chicos desde que abren un perfil.

Qué datos se usan para verificar la edad en redes sociales

Datos cruzados con el Renaper. Foto: Archivo

La verificación de edad es un problema muy tematizado en el ecosistema de la privacidad y los derechos digitales. Como marco de referencia, en Estados Unidos, la discusión llegó a la Corte Suprema, que en junio de 2025 avaló una ley de Texas que exige acreditar la mayoría de edad para acceder a determinados sitios con contenido sexual. La Electronic Frontier Foundation, una organización histórica en la materia, advirtió en más de una oportunidad sobre la relación entre la verificación y la vigilancia de las plataformas.

“Pedir el DNI puede vincular la identidad de una persona con el servicio que usa. Analizar una imagen del rostro para estimar su edad implica tratar una imagen facial, y usar reconocimiento facial para identificarla añade el tratamiento de datos biométricos. Inferir la edad a partir del historial de navegación o de las interacciones puede reforzar el perfilamiento que las plataformas ya hacen de sus usuarios. También importa quién recibe esos datos, cuánto tiempo los guarda y con qué otra información puede cruzarlos”, explicó Meira a este medio.

Para Meira, primero hay que decidir en qué servicios o funciones se justifica el control. “¿Qué riesgo se busca reducir, qué evidencia hay de que la medida puede reducirlo y qué alternativas menos intrusivas existen?”, planteó.

“En cualquier caso, deben tratarse sólo los datos indispensables, conservarse durante el tiempo estrictamente necesario y prohibirse su reutilización para otros fines, como la publicidad”, agregó.

Al consultarle sobre qué temas consideraría priorizaría en el Congreso de Argentina, Meira apuntó a las decisiones de las plataformas.

“Priorizaría obligaciones que incidan directamente en el modelo de negocio de las plataformas de redes sociales, que se basa en la explotación comercial de la atención y de los datos de las personas, cualquiera sea su edad. Ese modelo incentiva a las plataformas a recopilar cada vez más información sobre lo que hacemos y a usarla para mantenernos conectados el mayor tiempo posible”, criticó.

El problema más sensible tiene que ver, en parte, con una máxima de la ciberseguridad: no retener datos si no se pueden asegurar.

“Una obligación concreta sería exigir privacidad y seguridad desde el diseño y por defecto. La privacidad desde el diseño significa que, al crear una función, la plataforma debe decidir qué datos son realmente necesarios para que funcione y limitar desde el inicio cómo se recogen, se usan y se comparten”, complementó la especialista consultada.

“La seguridad desde el diseño exige anticipar cómo esa función podría facilitar situaciones de acoso, contacto no deseado u otras formas de violencia, y reducir esos riesgos antes de ponerla en funcionamiento. Que las protecciones operen por defecto significa que vienen activadas desde el primer uso”, explicó. Una cuenta adolescente podría empezar con la geolocalización apagada y los mensajes de desconocidos limitados.

La advertencia no es menor si se considera que en Argentina hubo una gran cantidad de incidentes durante los últimos años, desde ciberataques de ransomware a entidades como el PAMI y la Comisión Nacional de Valores hasta filtraciones de datos como, precisamente, la del Renaper.

Qué plantea el proyecto para verificar la identidad con el Renaper

Cecilia López Pasquali (Unión por la Patria), presentó el proyecto de ley. Foto: Diputados

El 3 de noviembre, después del cierre del relevamiento, la diputada Cecilia López Pasquali (Unión por la Patria) presentó el proyecto 6018-D-2026. La iniciativa exigiría que redes sociales, sitios de compraventa y aplicaciones de juegos que operan en el país comprueben la identidad para abrir o mantener cuentas. Prevé usar el Sistema de Identidad Digital del Registro Nacional de las Personas (Renaper) o mecanismos equivalentes.

El sistema incluye una prueba de vida, un control que busca detectar intentos de suplantación con fotos. Según aclaró a Clarín Luis García Balcarce, abogado especializado en derechos digitales, “la plataforma recibe sólo tres datos: que se trata de una persona real, su rango de edad y un identificador encriptado. No recibe biometría y tiene prohibido almacenarla”. El seudónimo seguiría permitido en público y la cuenta quedaría vinculada internamente a su titular verificado.

Los fundamentos del proyecto invocan la protección de chicos y adolescentes y la prevención de estafas digitales. “Son dos objetivos distintos resueltos con una misma herramienta. Para lo primero alcanza con saber la edad, pero para lo segundo hay que saber quién es la persona”, dijo García Balcarce.

García Balcarce advierte una diferencia en las reglas de entrega de datos: “Un artículo exige un requerimiento judicial fundado, en una causa penal o civil, para revelar quién está detrás de una cuenta. Y otro artículo, ante denuncias por estafa, obliga a entregar esa identidad a la justicia de forma inmediata, sin hablar de requerimiento fundado. El estándar tendría que ser uno solo y bien claro”, advirtió.

“Para las cuentas de menores, el proyecto exige la validación biométrica del padre, la madre o el tutor. O sea, la identidad del adulto queda vinculada a la cuenta del chico”, explicó García Balcarce.

Además, el texto exceptúa las cuentas de uso meramente consultivo o sin interacción, una categoría que, según el abogado, queda sin definir. “¿Dar un like es interactuar? ¿Y mirar productos en un marketplace? Esa definición es importante porque determina a cuánta gente alcanza la ley”, apuntó. Entre las sanciones por incumplimiento figura la interrupción temporal del servicio en el país.

El del Renaper no es el único proyecto. Meira explicó cómo funcionaría el mecanismo estatal del proyecto de Cuidado y Bienestar Digital, presentado en junio y analizado en el informe. “Si una persona adulta quiere abrir una cuenta en Instagram o TikTok, por ejemplo, la plataforma solo recibiría un ‘sí’ o un ‘no’ sobre si supera el umbral aplicable, sin recibir su DNI, su fecha de nacimiento ni otros datos personales utilizados para la comprobación”.

Meira plantea que también hay que limitar qué datos guarda el Estado y quién puede acceder a ellos. “Si el sistema permite reconstruir un historial de dónde y cuándo se comprobó la edad de cada persona, puede convertirse en una herramienta de vigilancia”, advirtió.

El informe de la ONG encontró propuestas de restricciones por edad en ocho países de la región, con umbrales de 13 a 16 años. Al cierre del relevamiento, ninguna de las prohibiciones de acceso identificadas se había convertido en ley. Brasil, por ejemplo, aprobó en 2025 un estatuto digital que exige vincular las cuentas de chicos y adolescentes de hasta 16 años con las de un responsable legal y prohíbe perfilar a menores para dirigirles publicidad.

Aunque el reporte señala que la evidencia sobre los efectos de las prohibiciones todavía es limitada, el punto más relevante es no invertir responsabilidades: en marzo de 2026, un jurado de Los Ángeles consideró que Meta y Google fueron negligentes en el diseño o funcionamiento de Instagram y YouTube y que esa negligencia contribuyó al daño sufrido por una joven.

El reclamo para proteger a menores en entornos online viene cobrando fuerza en Argentina: a principios de mes, más de 300 organizaciones y referentes de América Latina reclamaron al Congreso una ley para proteger a chicos en internet.

Para los autores del nuevo reporte, sin embargo, las leyes deben pensarse sin vulnerar derechos de los ciudadanos: “La privacidad, el anonimato y la libertad de expresión forman parte de los derechos de todos los usuarios de internet, incluso niñas, niños y adolescentes”, cerró Meira.

El informe completo