Más de 300 organizaciones y referentes de Argentina y América Latina reclaman al Congreso una ley para proteger a chicos y adolescentes en internet. La iniciativa reúne diez puntos mínimos que buscan establecer obligaciones para las plataformas sobre los servicios que ofrecen, los datos que recopilan y los contenidos que recomiendan.

Bajo el lema “Está hecha la trampa, pero no la ley”, la campaña reúne adhesiones de Amnistía Internacional Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría, Chicos.net, Red por la Infancia, Protección Digital Argentina y ÉFORO, entre otras organizaciones. También figuran OBSERVACOM, Faro Digital y Grooming Argentina.

La encuesta Kids Online Argentina 2025, de UNICEF y UNESCO, advierte que entre los 5.910 estudiantes de 9 a 17 años relevados en escuelas urbanas, el 80% usa redes sociales todos o casi todos los días. El 46% percibe algún uso problemático de internet, celulares o videojuegos, como intentos fallidos de reducir el tiempo conectado o una caída del rendimiento escolar (el trabajo de campo se realizó entre octubre y diciembre de 2024).

“Ahí está el foco de la campaña: regular a las empresas, a sus diseños técnicos, regular sus modelos de negocio, pensando en que entendemos que son empresas que tienen un producto o un servicio, pero no pueden hacer lo que quieran si esto está vulnerando derechos, particularmente de menores de edad, que son sujetos de derechos, sujetos que el Estado debe proteger. Tiene esa responsabilidad y, en esa protección, se les pone límites a estas empresas sobre qué tipo de producto, qué tipo de servicio les pueden ofrecer a estos usuarios”, explica a Clarín Carolina Martínez Elebi, licenciada en Ciencias de la Comunicación y docente de la UBA.

Los diez puntos para proteger a chicos y adolescentes en internet

Senado de la Nación argentina. Foto: Xinhua

La Campaña Nacional para la Protección y Ejercicio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Entornos Digitales apunta a sentar las bases para una futura ley: “Lo que estamos impulsando es que se trabaje en el desarrollo de una ley de protección digital, podríamos decir integral, pensando como sujetos de protección prioritarios a los menores, niñas, niños y adolescentes”, aclara Martínez Elebi, que detalló a este medio los pedidos:

  • Prevenir los riesgos: las plataformas deberían identificar y reducir los posibles daños antes de que ocurran.

  • Seguridad desde el diseño: la privacidad y la protección deberían estar incorporadas desde el desarrollo de las aplicaciones y sus funciones.

  • Verificación de edad segura: las plataformas deberían verificar la edad de sus usuarios sin comprometer su privacidad ni generar nuevas formas de vigilancia.

  • Protección de datos: propone impedir que la información de chicos y adolescentes se utilice para armar perfiles comerciales o dirigirles publicidad personalizada según sus intereses y comportamientos.

  • Transparencia en los algoritmos: los sistemas que seleccionan y ordenan publicaciones. Las empresas deberían explicar cómo recomiendan contenidos y por qué les dan mayor visibilidad a unos que a otros.

  • Control estatal: los servicios digitales deberían evaluar su impacto en los derechos de los menores y quedar sujetos a fiscalización.

  • Políticas públicas: que fortalezcan la educación digital, la salud, la prevención y el acompañamiento a las familias.

  • Participación de chicos y adolescentes: los chicos y adolescentes deberían participar en las decisiones sobre las plataformas que usan.

  • Sanciones efectivas: las empresas que incumplan la ley deberían recibir sanciones.

  • Educación digital integral: para que los chicos sepan protegerse en internet y evaluar los contenidos que encuentran.

Según informaron los impulsores, mantienen reuniones y participan en actividades con diputados y senadores de distintos espacios políticos para acercar esos puntos al debate parlamentario. Buscan que ambas cámaras avancen en una ley antes del cierre del período ordinario de este año.

La iniciativa también promueve un espacio de participación juvenil para recoger opiniones, propuestas y preocupaciones sobre el mundo digital. Las adhesiones se reciben a través del sitio protecciondigitalya.org.

Los controles a las plataformas y los antecedentes de Meta

Meta, una de las empresas más apuntadas y con antecedentes. Foto: Reuters

La campaña también pide que las empresas expliquen cómo funcionan sus sistemas de recomendación: cómo se muestran los contenidos, en lo que se conoce como infinite scroll, que es un continuo de contenidos que nunca se detienen (algo que ha sido cuestionado en más de una oportunidad). Esas decisiones influyen en qué video aparece después del que acaba de ver un usuario, qué publicación gana visibilidad o qué temas se repiten en su pantalla.

Para Martínez Elebi, también consultora y autora del sitio DHyTecno, la fiscalización requiere un organismo que tenga capacidad para revisar esos sistemas y evaluar sus efectos.

“Cuando se habla de transparencia algorítmica, no se está diciendo que estos diseños tienen que estar abiertos al público general, porque entendemos que hay cuestiones de propiedad intelectual, cuestiones de secreto comercial. Pero sí tienen que pasar por lo menos por un ente regulador que pueda auditar, de la misma manera que ANMAT puede auditar fórmulas para cuestiones vinculadas a alimentos, medicamentos y demás”, explica.

En Estados Unidos, en octubre de 2023, 33 estados presentaron una demanda federal contra Meta, la dueña de Facebook e Instagram, y la acusaron de diseñar funciones que fomentaban el uso compulsivo entre los menores y de engañar al público sobre los riesgos de sus plataformas. Otros fiscales generales iniciaron acciones en tribunales estatales.

Las compañías de redes sociales acumulan, además, miles de demandas de usuarios, distritos escolares y organismos públicos por presuntos daños a la salud mental de los menores. Entre los reclamos aparecen el diseño de las aplicaciones y los mecanismos utilizados para mantener a los chicos conectados y, más categóricamente, “adictos”.

El 25 de marzo de 2026, un jurado de Los Ángeles consideró negligentes a Meta y Google por el diseño de Instagram y YouTube y por no advertir sobre sus peligros. En agosto, Meta alcanzó acuerdos con estados y territorios estadounidenses por hasta US$ 18.000 millones durante una década. El acuerdo principal recibió aprobación judicial el 26 de ese mes. Parte del monto está condicionada a que otras plataformas adopten protecciones y compromisos similares. La compañía negó haber actuado indebidamente al aceptar los acuerdos.

Las medidas anunciadas incluyen un límite diario de dos horas para menores de 18 años, un bloqueo entre la medianoche y las seis de la mañana, ambos con posibilidad de autorización parental para levantarlos, y un auditor independiente para supervisar el cumplimiento.

“Las empresas, particularmente aquellas que tienen impacto en cuestiones de salud pública, no pueden continuar autorregulándose”, sostiene Martínez Elebi.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, que es parte de la iniciativa, dijo a Clarín: “Internet es hoy un espacio fundamental para que niñas, niños y adolescentes aprendan, se expresen, participen y construyan vínculos. Pero también es un entorno en el que están expuestos a distintas formas de violencia, a la explotación de sus datos personales y a algoritmos que pueden amplificar contenidos perjudiciales. No podemos seguir depositando toda la responsabilidad de su protección en las familias y las escuelas, mientras las empresas tecnológicas diseñan y administran estos espacios sin obligaciones suficientemente claras”.

“Desde Amnistía Internacional adherimos a la campaña porque creemos que es urgente avanzar hacia una legislación que establezca responsabilidades concretas para las plataformas, garantice mecanismos efectivos de prevención y protección y escuche a las propias infancias y adolescencias. Proteger sus derechos en el mundo digital no significa restringir su participación, sino garantizar que puedan ejercerla de manera libre, segura y autónoma”, agregó.

Acompañan la iniciativa, además, la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires.