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La familia de Elián Alarcón apelará el sobreseimiento del inspector municipal Lucas Partal en la causa que investiga la muerte del joven en un natatorio. Así lo confirmó Martiniano Greco, abogado de la familia, luego de que la Justicia resolviera elevar la causa a juicio respecto del ingeniero Goñi y de Fabricio Canteros, encargado del predio.

Greco explicó que la decisión generó disconformidad en la familia, que considera que el inspector también debía haber controlado las condiciones de seguridad de la pileta. Según el letrado, la normativa provincial establece los requisitos mínimos que deben cumplir los natatorios, entre ellos la presencia de rejillas.

En ese sentido, cuestionó el argumento utilizado para sobreseer a Partal. Según explicó, la jueza consideró que, como el formulario de inspección no incluía una casilla específica para verificar la existencia de rejillas, ese control no constituía una obligación exigible al funcionario. Sin embargo, Greco sostuvo que el inspector conocía el decreto reglamentario 3181 y debía supervisar su cumplimiento.

“Debió haber justamente controlado si ese natatorio cumplía con ese articulado, es decir, si tenía rejillas”, afirmó el abogado, quien adelantó que la decisión será apelada por la parte damnificada.

En cambio, Greco manifestó su conformidad con la decisión de avanzar hacia el juicio respecto del ingeniero Goñi y de Canteros. Según explicó, la acusación sostiene que ambos habrían incumplido sus deberes de cuidado. En el caso del ingeniero, señaló que habría afirmado que el natatorio contaba con rejillas y cumplía con la normativa, aunque, según la acusación, la pileta nunca las tuvo. Respecto de Canteros, indicó que se le atribuye responsabilidad por estar a cargo del predio y no haber colocado ese elemento de seguridad.

La causa está encuadrada como homicidio culposo, delito previsto en el artículo 94 del Código Penal. Greco detalló que la escala penal contempla una pena de uno a cinco años de prisión, además de inhabilitación por el doble del tiempo de la condena. La posibilidad de que una eventual pena sea de cumplimiento efectivo dependerá de la sanción que se imponga.

El abogado también explicó que todavía no hay una fecha establecida para el debate oral. Antes deberá quedar firme la resolución judicial, que puede ser revisada a partir de las presentaciones de las partes. Una vez superada esa instancia, se determinará el juzgado correccional interviniente y se fijarán los días y horarios del juicio.

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