Vamos a leer esto con detenimiento.

“La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina”.

Es un tuit de Javier Milei que adjunta un contrato en el que hay que cliquear para comprar criptomonedas si, por ejemplo, usted se entusiasmó con el Presidente y decide que quiere apoyar un proyecto que incentive el crecimiento de la economía argentina.

Perfecto.

La justicia acaba de determinar ahora que ese tuit de febrero de 2025 no era del Presidente sino de Javier Milei, y que como no hay ningún recurso del Estado puesto en la iniciativa -salvo un consejo de Milei, que no se considera “recurso del Estado”- no se ha cometido delito alguno con la cripto $LIBRA y entonces Milei, su hermana Karina y 9 imputados más fueron sobreseídos.

Lo sostuvo el juez Marcelo Martínez de Giorgi tras un dictamen del fiscal Eduardo Taiano en el mismo sentido, con argumentos curiosos: que no hay estafa si se trata de una operación libre de compra y venta (éste fue el argumento de Milei durante todo lo que duró el proceso) ni si la gente que perdió dinero tomó en cuenta para invertir la recomendación del Presidente porque como el Presidente no tuiteó desde la cuenta de Presidencia sino desde la de Javier Milei entonces ese tuit no es del Presidente sino de Milei.

Milei, nos dice la justicia ahora, sería un Presidente a tiempo completo, menos cuando tuitea de su cuenta personal.

Hay más.

Que el presunto acuerdo entre el Presidente y los que inventaron el token que Milei promocionó usando el signo del zodíaco del Presidente o de Milei (en este caso, Libra es el mismo signo para ambos) no se pudo comprobar porque se le requirió información sobre eso a un organismo oficial y este organismo dijo que eso no era así y que no tenía ningún tipo de documentación sobre el asunto. El organismo consultado fue… la Secretaría General de la Presidencia.

Para entenderlo bien. Estaba acusada Karina Milei y le preguntaron a Karina Milei si esa acusación estaba bien. Ella dijo que no y entonces ese es el argumento judicial para rechazar la imputación.

Otra fuente oficial consultada para cerrar la causa fue la Oficina Anticorrupción, que depende de Presidencia y, orgánicamente, del Ministerio de Justicia de la Nación.

Acá tampoco vemos nada raro, les contestaron, palabras más, palabras menos.

Y entonces se lee en el fallo: “La Oficina Anticorrupción concluyó que el Presidente no incurrió en una infracción a la ley de Ética en el ejercicio de la función pública”.

Palabra santa.

En la página 26 de las 60 que componen el fallo, el juez nos explica cómo debe ser la secuencia causal del delito de estafa: Debe haber una “maniobra engañosa que provoque el error que conduce a la víctima a realizar una disposición patrimonial perjudicial”.

¿No podría encuadrar allí el hecho de que el Presidente recomiende una inversión para apoyar a las PyMEs y a la economía argentina (lo que no era cierto), acción que indujo a un error a las personas que invirtieron sólo después de su consejo y perdieron todo?

Los “ganadores” de la maniobra habían entrado a comprar a precio cero, 22 segundos antes de que Milei promocionara la cripto adjuntando un contrato a su tuit. Cuando el precio pasó de cero a 5 dólares, los primeros tiraron de la alfombra y vendieron todo. Hubo un puñado de personas enriquecidas y alrededor de 40.000 perdedores.

Esa cantidad de interesados jamás hubiera existido sin la recomendación presidencial. Perdón, de Javier Milei.

La madre y la hermana de Mauricio Novelli -el lobbista y nexo principal entre el Gobierno y los promotores de la criptomoneda- fueran registradas accediendo a dos cajas de seguridad de Novelli el lunes 17 de febrero de 2025, primer día hábil tras el criptoescándalo, ocurrido el viernes 14.

La casualidad quiso que las mujeres llegaran con un bolso y una mochila a la sucursal Martínez del Banco Galicia, fueran a las cajas N° 81 y 478 y se retiraran 22 minutos después “notándose el bolso de mano y la mochila más abultados”, según el informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal.

Pero ahora el juez dice que “los movimientos registrados no permiten establecer que las cajas hubieran sido utilizadas para almacenar dinero proveniente de pagos indebidos”.

Claro. Las señoras no exhibieron al retirarse, ante las cámaras de seguridad, los fajos de billetes ni gesticularon ante ellas haciendo mímica diciendo de dónde habían sacado ese dinero como para que después les leyeran los labios.

Lo mejor está cerca del final, cuando el juez Martínez Di Giorgi dice -acertadamente- que como no hay otras partes acusadoras debe sobreseer a todos porque si el fiscal Taiano ya no acusa a los imputados significa que entonces no los acusa nadie y si nadie los acusa de nada para qué mantener la causa abierta.

Taiano quedó como único acusador después de que Martínez de Giorgi resolviera eliminar a todas las querellas del caso. Es decir, a los abogados de los denunciantes y de quienes se sintieron perjudicados, que fueron los que más impulsaron la causa desde el inicio de la investigación y, entre otras cosas, habían conseguido mantener un embargo preventivo sobre los bienes de Hayden Davis y los intermediarios locales de la maniobra.

El juez sacó a todos los querellantes alegando que no tenían fundamentos suficientes para ser parte del proceso.

Lo hizo el 3 de julio pasado. Doce días después, su esposa Ana María Juan fue nombrada jueza federal de Hurlingham por el decreto 589/2026 que lleva la firma del ministro de Justicia Juan Mahiques y del Presidente, Javier Milei.

El mismo fallo de sobreseimiento de Martínez De Giorgi nos recuerda ahora que ninguno de los imputados fue indagado nunca.

Todos fueron exculpados sin tener que responder preguntas difíciles.