Dos entidades industriales bonaerenses cuestionaron al municipio de Ramallo por la creación de un peaje para el transporte de cargas en un tramo de cinco kilómetros y advirtieron que una nueva ordenanza sumó requisitos administrativos para circular por la zona industrial y hacia el puerto de San Nicolás.

Las centrales industriales son la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) y rechazaron ambas medidas y alertaron que incrementan los costos logísticos en un corredor estratégico para la producción y las exportaciones.

El nuevo régimen, denominado Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), obliga a los transportistas a registrarse y tramitar autorizaciones para operar dentro del municipio, que comanda Mauro Poletti (Unión por la Patria).

Según UIPBA y ADIBA, el esquema reproduce exigencias similares a las del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), eliminado por el Gobierno nacional en 2024 en el marco de la desregulación del transporte de cargas. Las entidades sostuvieron que la medida vuelve a imponer registros, permisos y controles que habían sido removidos para simplificar la actividad logística.

El incumplimiento de la ordenanza puede derivar en multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos. Además, las cámaras advirtieron que las sanciones podrían afectar la operatoria de las fábricas que contratan esos servicios. Uno de los puntos que cuestionaron es la responsabilidad solidaria que establece la norma para las empresas dadoras de carga ante eventuales incumplimientos de los transportistas.

El reclamo se suma al que ambas organizaciones habían formulado en septiembre por la instalación del peaje. De acuerdo con sus estimaciones, el costo por atravesar el tramo podría oscilar entre $25.000 y $62.000 por viaje, con un impacto sobre más de 100 empresas argentinas y un gasto anual que podría alcanzar los $500 millones por compañía.

Las entidades también señalaron que la concesión del sistema ya fue otorgada a una empresa privada que recibiría el 50% de la recaudación. El dispositivo de telepeaje fue instalado sobre el ex Camino Provincial 87, que, según el comunicado, es el único acceso habilitado para el tránsito pesado y no cuenta con vías alternativas.

A un mes de la primera advertencia, UIPBA y ADIBA consideraron que el escenario se agravó con la incorporación de nuevos requisitos para el transporte pesado. Sostuvieron que las medidas convierten un corredor logístico en una fuente de recaudación y afectan la competitividad al encarecer el traslado de insumos, materias primas y productos terminados.

“En un país que necesita integrarse al mundo y reducir costos logísticos para competir, municipios que crean aduanas internas generan una nueva capa del denominado ‘costo argentino’”, plantearon.

Por último, las entidades alertaron sobre el riesgo de que iniciativas similares se extiendan a otros distritos y multipliquen las barreras al transporte de mercancías dentro del país. Según advirtieron, la superposición de peajes, registros y permisos municipales podría sumar costos a una misma carga a lo largo de su recorrido y perjudicar a la industria, el comercio y las exportaciones.