En un sanatorio alpino donde el tiempo parecía haberse detenido, dos de sus habitantes se consumen en interminables debates doctrinarios de visiones contrapuestas. Mientras tanto, las transformaciones en un mundo a la espera de la Gran Guerra los arrasa en su extravío. Esta atmósfera de aislamiento que Thomas Mann describe en “La montaña mágica”, parece retratar la actual coyuntura universitaria.

Tras casi tres años de gestión, el escenario se encuentra reducido a un fuego cruzado entre el Gobierno y las autoridades académicas. Del mismo modo en que estos residentes del sanatorio ignoraban el derrumbe exterior por venir, el Estado incumple sus obligaciones presupuestarias y la universidad se recluye bajo una defensa corporativa, desconectada de las urgencias que hoy nos atraviesan.

Pero no todo es aislamiento. Es honesto reconocer que la universidad ha dado señales de cambio. En Medicina de la UBA, por ejemplo, el acortamiento en un año y medio de la carrera corresponde a una profunda revisión de sus programas de estudio, ahora adaptados a los avances científicos y tecnológicos de la disciplina. A fines de 2024, la UNC aprobó un documento que contempla “...diseños curriculares flexibles,... certificaciones parciales y articulación con el mundo del trabajo.”

La implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU) representa asimismo un avance. Al contabilizar el trabajo total del alumno, se reconoce que el estudio también ocurre por fuera del aula. Esta aproximación favorece la movilidad interna entre carreras e instituciones.

La oferta de microcredenciales -módulos breves de 30 a 60 horas orientados a competencias específicas- es un paso que debe continuar. Estas deben formar parte del currículo y, a la vez, actuar como certificados parciales de señalización hacia el mercado de trabajo. Su puesta en práctica se encuentra en evaluación, y varias universidades ya han manifestado interés en avanzar en esta línea.

Como contracara, nuestro sistema superior de educación sufre la histórica falta de articulación entre sus distintos niveles. Junto a las 172 universidades públicas y privadas, existen más de 2.000 Institutos de Educación Superior provinciales que concentran el 25% de la matrícula postsecundaria y que titulan a 135.000 profesionales al año -número similar al que gradúa la universidad-. Es este un sector crítico ya que se forma allí la mayoría de los docentes de escuelas y parte de la fuerza laboral técnica del país. Sin embargo, opera sin mecanismos rigurosos de acreditación y de ahí su calidad cuestionable.

Frente a esta debilidad, las provincias, en coordinación con el Estado Nacional, deben poner en valor los institutos y a su vez, llevar a cabo un reordenamiento que fusione establecimientos que presentan ofertas duplicadas y/o que carezcan de escala crítica en términos de demanda. Una vez concluida esta etapa, se deberá incorporarlos al SACAU para que sus graduados tengan la opción de un pasaje fluido hacia la universidad.

Una decisión que sí ha golpeado de lleno en la calidad de la universidad nacional es la política de laissez faire, laissez passer en el ingreso, mecanismo sobre el cual parte de la comunidad se muestra curiosamente orgullosa. Este modelo, consagrado legalmente y sostenido con retórica irresponsable, no solo termina expulsando a cuatro de cada diez alumnos durante el primer año, sino que ha generado una desconexión absoluta entre oferta y demanda laboral.

Según proyecciones del IAPG, el crecimiento de la industria energética y de Vaca Muerta exigirá hacia 2030 entre 30.000 y 43.000 trabajadores directos adicionales. ¿Estamos formando recursos humanos para tal desafío? Si bien es un ejemplo puntual, resulta válida la pregunta para la economía que viene, con independencia del sector que se trate.

Ante el desdén por la planificación estructural que nos caracteriza, establecer un examen estandarizado de finalización del secundario, hoy afortunadamente en discusión, resulta ineludible. A ello debe sumarse una prueba de ingreso universitario con cupos en las disciplinas de interés público. El objetivo es ordenar la demanda y alinear la formación superior con las necesidades reales del desarrollo productivo.

Quienes no lo superen, podrán cursar sus primeros años en el sector terciario no universitario, ya prestigiado y articulado a partir del SACAU. Se trata de ofrecer una vía alternativa de ingreso a la educación superior y un primer paso hacia una carrera universitaria para quienes en una instancia inicial no demuestren competencias suficientes.

Se descomprime así el número de ingresantes a la universidad con un objetivo concreto: aumentar la cantidad y calidad del egresado promedio a partir de la utilización de los recursos humanos y materiales de la universidad de manera más eficiente.

Un primer objetivo es alcanzar la meta de un egresado cada dos ingresantes -hoy uno de cada cuatro-, en un tiempo que no exceda en más del 50% la duración teórica -hoy cerca del 90%-. No es un objetivo ilusorio sino uno que naturalmente ocurre en la universidad promedio del mundo racional y responsable.

Si bien se reconoce que el ingreso a la universidad pública gratuita es un derecho de todos, también es ético exigir obligaciones. Tomemos en cuenta que la universidad no fue concebida para remediar las heridas provocadas por una escuela que incumplió su mandato de enseñar. Su misión fundacional es la búsqueda irrenunciable de la excelencia académica, la investigación y la formación de calidad alineada a las necesidades socioproductivas del país.