El Gobierno de Donald Trump considera que algunas zonas de México y Centroamérica son menos violentas que varias ciudades estadounidenses, según informó este miércoles la cadena CNN.

Los informes internos sobre México, Honduras, Guatemala y El Salvador, que se utilizan para evaluar las solicitudes de asilo, contrastan con las advertencias que Washington dirige a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a esos países.

Según el medio estadounidense, estos documentos podrían dificultar que los nacionales de esos países obtengan protección en EE.UU.

Las evaluaciones del Departamento de Estado sitúan los índices de criminalidad de algunas zonas de esos países por debajo de los de Baltimore, Houston y Memphis.

De acuerdo con CNN, los documentos fueron remitidos al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), la agencia que tramita las peticiones de asilo.

Los informes sostienen además que las víctimas de extorsión y abusos pueden trasladarse a otras zonas de sus países para ponerse a salvo, un factor que puede resultar determinante para que una persona reciba o no protección en Estados Unidos.

La revelación se produce en un contexto de crecientes restricciones al sistema de asilo desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Nada más asumir el poder, el mandatario canceló las citas pendientes y puso fin a la aplicación CBP One, que permitía a migrantes sin visado presentarse en los pasos fronterizos habilitados para solicitar su ingreso a Estados Unidos.

En junio pasado, los jueces migratorios rechazaron el 94,1 % de las solicitudes de asilo, según el centro independiente de análisis de datos TRAC. Solo 771 personas obtuvieron esa protección, menos de una cuarta parte de las que la recibieron tres años antes.

TRAC también documentó que 279 jueces migratorios fueron despedidos o renunciaron durante los años fiscales 2025 y 2026, una cifra equivalente al 38 % de la plantilla al cierre de 2024.

Además, una norma en vigor desde julio permite remitir a los solicitantes directamente a los tribunales migratorios, donde afrontan procesos de deportación, sin pasar antes por una entrevista con un funcionario de asilo.

Una coalición de 21 fiscales generales estatales cuestionó la medida en septiembre. Según su comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional calcula que unos 130.000 solicitantes podrían ser enviados cada año a los tribunales sin esa entrevista.