El oficialismo apura el proyecto oficial de Defensa de la Soberanía enviado por el Ejecutivo tras la cadena nacional de Javier Milei por Malvinas y La Libertad Avanza le puso fecha al debate en Diputados: empezarán a discutirlo el miércoles que viene.

El texto que ingresó al Congreso a mitad de mes fue girado a tres comisiones: Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores presididas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machada y Juliana Santillán.

La idea es que acudan funcionarios del Ejecutivo del área de Cancillería, Defensa y Justicia a explicar y defender la iniciativa.

y que haya una segunda jornada de discusión, el 6 de octubre, en la que los más optimistas pretenden que se firme el dictamen para que se pueda votar en la hipotética sesión del 7 de octubre en la que también se aprobaría el nuevo proyecto de Discapacidad y el de Endeudamiento, que recibirá de comisiones este martes.

Sin embargo, el proyecto ya recibió rechazos en algunos puntos concretos como el artículo 111 que modifica el Código Penal y establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.

"El presidente que acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso", sentenció el radical Pablo Juliano días atrás.

También señalan que hay articulados que equivales a otorgarle facultades extraordinarias al Ejecutivo y representan una pérdida de atribuciones para el Parlamento. "La existencia de procedimientos operativos para responder a amenazas concretas no debería confundirse con una habilitación general para desplazar las atribuciones que la Constitución le reserva al Congreso en su artículo 75", apuntaron desde el MID.

"El proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas", apuntó Eduardo Valdés de Unión por la Patria.

Los ejes del proyecto

El texto deroga la actual Ley 26.659, sancionada en 2011 y que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. A su vez, establece un nuevo régimen de sanciones, cuyo alcance se amplía más allá de la actividad hidrocarburífera para abarcar cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables que se realice sin autorización argentina, lo que potencialmente incluye también la actividad pesquera.

El proyecto amplía las prohibiciones a personas y empresas que faciliten o participen en actividades no autorizadas, e incluye determinadas reorganizaciones societarias destinadas a eludir sanciones. Establece un régimen de penalizaciones que contempla multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y sanciones penales.

A su vez, crea un mecanismo para que quienes actualmente desarrollen actividades prohibidas puedan desistir y regularizar su situación mediante el pago de una suma o la reconversión de inversiones. La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto también crea un nuevo sistema de seguridad nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas. El concepto de seguridad incorpora cuestiones vinculadas con soberanía, economía, relaciones exteriores, inteligencia, infraestructura y ciberespacio, entre otras.