{"id":18398,"date":"2025-12-25T02:02:56","date_gmt":"2025-12-25T05:02:56","guid":{"rendered":"https:\/\/infinitoradio.com\/?p=18398"},"modified":"2025-12-25T02:02:56","modified_gmt":"2025-12-25T05:02:56","slug":"ley-de-manejo-del-fuego-una-mala-ley-ambiental","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infinitoradio.com\/?p=18398","title":{"rendered":"Ley de manejo del fuego: una mala ley ambiental"},"content":{"rendered":"

El fuego, un problema tan real y grave como innegable en la Argentina de hoy, demanda del Estado respuestas claras<\/mark>. En materia ambiental, como en cualquier otra pol\u00edtica p\u00fablica, una mala ley no solo puede ser injusta: puede ser tambi\u00e9n profundamente ineficaz.<\/p>\n

La reforma de la ley de manejo del fuego resulta imprescindible. La ley, sancionada en 2020, naci\u00f3 bajo un profundo desconocimiento en la materia y constituy\u00f3 un avance contra la propiedad privada<\/mark>. Se construy\u00f3 as\u00ed un dispositivo normativo r\u00edgido y punitivo, m\u00e1s cercano al gesto simb\u00f3lico que a una verdadera pol\u00edtica ambiental. Porque aun admitiendo la existencia de incendios intencionales -que deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley-, las propias estad\u00edsticas muestran que se trata de casos minoritarios. Sin embargo, la norma parte de una presunci\u00f3n infundada: que detr\u00e1s del fuego siempre existir\u00edan maniobras de especulaci\u00f3n inmobiliaria destinadas a forzar cambios en el uso del suelo, imponiendo equivocadamente sanciones autom\u00e1ticas sobre vastos territorios y actores<\/mark>.<\/p>\n

\"El<\/p>\n

El incendio desatado d\u00edas pasados a cuadras del Centro C\u00edvico Bariloche<\/b>, detr\u00e1s del Sanatorio San Carlos<\/b>, puso en riesgo a pacientes y transe\u00fantes, adem\u00e1s de edificios cercanos. Se inform\u00f3 que el presunto responsable habr\u00eda sido un trabajador de mantenimiento del sanatorio quien manipul\u00f3 una amoladora a escasos metros de un \u00e1rea de pastizales secos en la ladera del Cerro Runge<\/b>. Su negligencia, en \u00e1rea de pastos secos, con viento fuerte y en contexto de emergencia \u00edgnea, permite calificar el hecho de incendio culposo<\/mark>. El operario seguir\u00e1 el proceso en libertad.<\/p>\n

\"Hace<\/p>\n

No siempre resulta tan sencillo para la Justicia identificar a los responsables de los incendios, lo que se suma a la incapacidad del Estado para contar con planes, equipamiento y sistemas eficientes de prevenci\u00f3n, manejo y control del fuego. El coraz\u00f3n de la norma, que proh\u00edbe cambiar el uso del suelo en \u00e1reas incendiadas durante per\u00edodos que pueden llegar a 30 o incluso 60 a\u00f1os, pone bajo sospecha al propietario que ya ha sufrido una tragedia y lo castiga sin distinguir causas, responsabilidades ni contextos<\/mark>. Da lo mismo un incendio provocado que uno accidental, natural o derivado de condiciones clim\u00e1ticas extremas.<\/p>\n

Desde el punto de vista constitucional, la razonabilidad y la proporcionalidad -principios b\u00e1sicos del derecho p\u00fablico- quedan seriamente comprometidas. Se afectan derechos de propiedad y de trabajo, sin instancia t\u00e9cnica real de revisi\u00f3n y sin v\u00ednculo directo entre el da\u00f1o y la sanci\u00f3n, confundiendo ejemplaridad con arbitrariedad.<\/p>\n

El d\u00e9ficit m\u00e1s grave no es jur\u00eddico, sino ambiental<\/mark>. La ley genera incentivos perversos: cuando el incendio implica la p\u00e9rdida del uso del suelo por d\u00e9cadas, se desalienta la inversi\u00f3n en prevenci\u00f3n, infraestructura y manejo responsable del territorio. En vastas zonas rurales y forestales, el mensaje es mejor abandonar que cuidar.<\/p>\n

\"Otra<\/p>\n

La poca nieve anticipa menor disponibilidad de agua y condiciones de sequ\u00eda m\u00e1s severas en la Patagonia<\/b>, incrementando significativamente el riesgo de incendios forestales. Los primeros focos ya han aparecido, como se ha visto recientemente en Chubut<\/b>, en el valle del Turbio<\/b>.<\/p>\n

Factores concretos y conocidos, como el deficiente mantenimiento de los tendidos el\u00e9ctricos y el crecimiento desordenado de poblaciones en zonas de riesgo, sin planificaci\u00f3n territorial ni infraestructura adecuada, aumentan la probabilidad de ignici\u00f3n y la dificultad de control. Poco importa el uso posterior del territorio, cuando lo que cuenta es la capacidad presente de prevenir, anticipar y gestionar el fuego<\/mark>.<\/p>\n

La Argentina no es ecol\u00f3gicamente homog\u00e9nea. El fuego cumple roles distintos en distintos sistemas. Pastizales, sabanas, bosques andinos, humedales o regiones productivas extensivas no pueden ser tratados bajo una l\u00f3gica uniforme<\/mark>. Adem\u00e1s, la superposici\u00f3n y fragmentaci\u00f3n de jurisdicciones -Naci\u00f3n, provincias, municipios- y distintos organismos con competencias parciales act\u00faan muchas veces sin coordinaci\u00f3n efectiva, entorpeciendo la respuesta r\u00e1pida que un incendio exige.<\/p>\n

Prevenci\u00f3n, planificaci\u00f3n, presencia estatal inteligente con clara asignaci\u00f3n de responsabilidades y una investigaci\u00f3n criminal efectiva que imponga tanto sanciones individualizadas como incentivos correctos <\/mark>es clave para evitar convertir al ambiente en un campo de castigo simb\u00f3lico.<\/p>\n

La norma que cuestionamos avanza sobre la propiedad privada bajo la cobertura de una supuesta protecci\u00f3n ambiental, siendo adem\u00e1s de injusta, ambientalmente est\u00e9ril<\/mark>. La defensa del ambiente exige leyes inteligentes. Y una ley que renuncia a distinguir, a investigar y a razonar no es una buena ley, aunque se vista de verde.<\/p>\n

\u200bEl fuego, un problema tan real y grave como innegable en la Argentina de hoy, demanda del Estado respuestas claras. En materia ambiental, como en cualquier otra pol\u00edtica p\u00fablica, una mala ley no solo puede ser injusta: puede ser tambi\u00e9n profundamente ineficaz.La reforma de la ley de manejo del fuego resulta imprescindible. La ley, sancionada en 2020, naci\u00f3 bajo un profundo desconocimiento en la materia y constituy\u00f3 un avance contra la propiedad privada. Se construy\u00f3 as\u00ed un dispositivo normativo r\u00edgido y punitivo, m\u00e1s cercano al gesto simb\u00f3lico que a una verdadera pol\u00edtica ambiental. Porque aun admitiendo la existencia de incendios intencionales -que deben ser investigados y sancionados con todo el rigor de la ley-, las propias estad\u00edsticas muestran que se trata de casos minoritarios. Sin embargo, la norma parte de una presunci\u00f3n infundada: que detr\u00e1s del fuego siempre existir\u00edan maniobras de especulaci\u00f3n inmobiliaria destinadas a forzar cambios en el uso del suelo, imponiendo equivocadamente sanciones autom\u00e1ticas sobre vastos territorios y actores.El incendio desatado d\u00edas pasados a cuadras del Centro C\u00edvico Bariloche, detr\u00e1s del Sanatorio San Carlos, puso en riesgo a pacientes y transe\u00fantes, adem\u00e1s de edificios cercanos. Se inform\u00f3 que el presunto responsable habr\u00eda sido un trabajador de mantenimiento del sanatorio quien manipul\u00f3 una amoladora a escasos metros de un \u00e1rea de pastizales secos en la ladera del Cerro Runge. Su negligencia, en \u00e1rea de pastos secos, con viento fuerte y en contexto de emergencia \u00edgnea, permite calificar el hecho de incendio culposo. El operario seguir\u00e1 el proceso en libertad.No siempre resulta tan sencillo para la Justicia identificar a los responsables de los incendios, lo que se suma a la incapacidad del Estado para contar con planes, equipamiento y sistemas eficientes de prevenci\u00f3n, manejo y control del fuego. El coraz\u00f3n de la norma, que proh\u00edbe cambiar el uso del suelo en \u00e1reas incendiadas durante per\u00edodos que pueden llegar a 30 o incluso 60 a\u00f1os, pone bajo sospecha al propietario que ya ha sufrido una tragedia y lo castiga sin distinguir causas, responsabilidades ni contextos. Da lo mismo un incendio provocado que uno accidental, natural o derivado de condiciones clim\u00e1ticas extremas.Desde el punto de vista constitucional, la razonabilidad y la proporcionalidad -principios b\u00e1sicos del derecho p\u00fablico- quedan seriamente comprometidas. Se afectan derechos de propiedad y de trabajo, sin instancia t\u00e9cnica real de revisi\u00f3n y sin v\u00ednculo directo entre el da\u00f1o y la sanci\u00f3n, confundiendo ejemplaridad con arbitrariedad.El d\u00e9ficit m\u00e1s grave no es jur\u00eddico, sino ambiental. La ley genera incentivos perversos: cuando el incendio implica la p\u00e9rdida del uso del suelo por d\u00e9cadas, se desalienta la inversi\u00f3n en prevenci\u00f3n, infraestructura y manejo responsable del territorio. En vastas zonas rurales y forestales, el mensaje es mejor abandonar que cuidar.La poca nieve anticipa menor disponibilidad de agua y condiciones de sequ\u00eda m\u00e1s severas en la Patagonia, incrementando significativamente el riesgo de incendios forestales. Los primeros focos ya han aparecido, como se ha visto recientemente en Chubut, en el valle del Turbio.Factores concretos y conocidos, como el deficiente mantenimiento de los tendidos el\u00e9ctricos y el crecimiento desordenado de poblaciones en zonas de riesgo, sin planificaci\u00f3n territorial ni infraestructura adecuada, aumentan la probabilidad de ignici\u00f3n y la dificultad de control. Poco importa el uso posterior del territorio, cuando lo que cuenta es la capacidad presente de prevenir, anticipar y gestionar el fuego.La Argentina no es ecol\u00f3gicamente homog\u00e9nea. El fuego cumple roles distintos en distintos sistemas. Pastizales, sabanas, bosques andinos, humedales o regiones productivas extensivas no pueden ser tratados bajo una l\u00f3gica uniforme. Adem\u00e1s, la superposici\u00f3n y fragmentaci\u00f3n de jurisdicciones -Naci\u00f3n, provincias, municipios- y distintos organismos con competencias parciales act\u00faan muchas veces sin coordinaci\u00f3n efectiva, entorpeciendo la respuesta r\u00e1pida que un incendio exige.Prevenci\u00f3n, planificaci\u00f3n, presencia estatal inteligente con clara asignaci\u00f3n de responsabilidades y una investigaci\u00f3n criminal efectiva que imponga tanto sanciones individualizadas como incentivos correctos es clave para evitar convertir al ambiente en un campo de castigo simb\u00f3lico.La norma que cuestionamos avanza sobre la propiedad privada bajo la cobertura de una supuesta protecci\u00f3n ambiental, siendo adem\u00e1s de injusta, ambientalmente est\u00e9ril. La defensa del ambiente exige leyes inteligentes. Y una ley que renuncia a distinguir, a investigar y a razonar no es una buena ley, aunque se vista de verde.\u00a0\u00a0LA NACION<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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