El sueño de un cine independiente, financiado al margen de los grandes estudios y de los subsidios estatales por una comunidad entusiasta, atraviesa hoy su momento más sombrío. La propuesta que encabezó el escritor Hernán Casciari a través de su productora Orsai Audiovisuales –presentada en sus inicios como un paradigma de democratización cultural y mecenazgo colectivo– ha mutado en una severa controversia judicial radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 y la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires.

Se reclama la falta de rendiciones de cuentas transparentes y el destino de millones de dólares. Foto gentileza Gaspar Kunis

Allí se investiga una denuncia penal por presunta estafa y administración fraudulenta promovida por un grupo de inversores, quienes reclaman la falta de rendiciones de cuentas transparentes y la reconstrucción del destino final de millones de dólares aportados por miles de ciudadanos anónimos.

El conflicto se gestó en las entrañas del propio modelo de financiamiento. A diferencia de un crowdfunding tradicional basado en donaciones altruistas, las convocatorias de Orsai colocaban a la venta bonos de producción –que oscilaban entre los 100 y los 20.000 dólares– promocionándolos explícitamente como una inversión con derecho a retornos proporcionales sobre las ganancias comerciales.

En diversas intervenciones públicas, el propio escritor aseguraba que el dinero se reuniría en una caja común para devolver el capital e incluso multiplicar la inversión. Sin embargo, la brecha entre la expectativa y la realidad contable terminó por dinamitar la confianza de los participantes, forzando no solo la apertura del frente penal sino también el cierre definitivo del histórico sistema de financiamiento por bonos de la empresa.

Saldos irrisorios

Integrantes del colectivo "Productores Organizados" y testimonios incorporados a la causa han expuesto casos donde inversiones de 2.500 dólares apenas representaron devoluciones de 56,40 dólares, o aportes de 850 dólares que derivaron en retornos de 9,87 dólares, e incluso saldos irrisorios de 1,41 dólares en billeteras digitales cuyo umbral mínimo de retiro exige acumular cuatro dólares.

A la frustración económica se sumaron graves cuestionamientos sobre la trazabilidad financiera de las obras realizadas bajo este esquema: los largometrajes La uruguaya, Canelones y La muerte de un comediante, el documental Sola en el paraíso y la serie animada Emi On Off. Los denunciantes sostienen que las planillas de Excel puestas a disposición en la plataforma no constituyen balances auditados ni respaldos comprobables de gastos e ingresos.

Asimismo, objetan la práctica de transferir capitales entre distintas producciones para sanear deudas o cubrir sobrecostos de otros proyectos sin la autorización de los aportantes originales.

El reclamo también cobró visibilidad televisiva a través del testimonio del productor e inversor Nicolás Expósito, quien en el programa Entrometidos en la tele (conducido por Tomás Dente) detalló las exigencias de transparencia contable del grupo afectado.

En el plano legal, el abogado querellante Ariel Gil Ces, representante de los demandantes, caracterizó con dureza la maniobra en declaraciones brindadas a El Destape: "El delito de estafa se tipifica cuando no se da información y se engaña a la gente para que confíe en vos. La gente puso plata porque confiaba en la reputación de Casciari. Estafa es el delito más básico, puede haber delitos de evasión fiscal, malversación de fondos privados y hasta una asociación ilícita".

La película "La muerte de un comediante", de y con Diego Peretti. Foto Archivo Clarín

Entrada y salida de plata

El letrado remarcó además ante ese mismo medio que Casciari "blanqueó la entrada de la plata, pero no blanqueó la salida" y comparó la situación con "un caso de estafa piramidal".

Por otra parte, al ser consultado por Primicias Ya sobre el rol de las figuras públicas que promocionaron las convocatorias –entre ellas Andy Kusnetzoff, Diego Peretti, Darío Barassi y Justina Bustos–, Gil Ces sostuvo: "Se va a ver el rol de participación. Pero uno tiene que hacerse cargo de lo que dice, más siendo una figura pública".

Ante la gravedad del frente judicial y las insistentes consultas periodísticas para obtener su versión oficial sobre la demanda penal, Hernán Casciari no respondió al llamado de Clarín para dar su postura sobre la situación.

En oportunidades anteriores, frente a las crecientes sospechas en redes sociales, el autor solía responder apelando a la ironía y asumiendo el concepto de "fraude cultural" como una provocativa estrategia publicitaria.

Orsai Audiovisuales hizo un balance de sus cinco años de trayectoria, reivindicando la participación de más de 22.000 personas. Foto gentileza Gaspar Kunis

No obstante, cuando las intimaciones tomaron carácter formal a través de cartas documento, la postura institucional de la productora viró hacia el argumento de que participar en una obra colectiva no constituía una inversión financiera tradicional, sino una apuesta artística comunitaria para hacer posibles estas historias que de otro modo no llegarían a la pantalla.

En paralelo a la escalada en los tribunales, la productora dio a conocer su descargo mediante un informe completo publicado en su portal oficial con fecha de lanzamiento del 12 de agosto de 2026 (hace dos meses).

Presentado expresamente como un "documento vivo" que "lo actualizamos cada vez que hay novedades", el texto registró su última actualización el 10 de octubre de 2026, destacando nuevos logros en festivales para Canelones –como el primer premio en la Competencia Internacional del Guatapé Film Fest en Colombia– y para La muerte de un comediante, elegida como película de apertura del festival MAFICI en Puerto Madryn.

Balance definitivo

En ese documento, Orsai Audiovisuales traza un balance definitivo de sus cinco años de trayectoria, reivindicando la participación de más de 22.000 personas, la concreción de cuatro películas (La uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante y la producción animada Emi On Off) y un documental (Sola en el paraíso), y la firma de acuerdos con plataformas globales como Disney, Warner/HBO, Netflix, Flow y Filmin.

"La uruguaya", otra película realizada por crowdfunding. Foto Archivo Clarín

No obstante, el texto reconoce con crudeza las dinámicas de un mercado audiovisual que redujo sus pautas de compra y atenuó la posibilidad de recupero de los proyectos más abultados, admitiendo que en casos como La muerte de un comediante el recupero total del capital aportado resulta improbable.

En la parte final de este informe, la empresa decreta el cierre definitivo del ciclo de producciones financiadas mediante bonos de participación y deja abierta la vía de contacto a través del correo para ofrecer un seguimiento personalizado, responder consultas individuales y encauzar las inquietudes de los participantes sobre las liquidaciones pendientes.